Tirana Hassan lleva más de dos décadas trabajando por la protección de los derechos humanos alrededor del mundo. Lo hizo desde organizaciones como Médicos sin Fronteras y Save the Children, y hoy como directora ejecutiva de Human Rights Watch (HRW), una de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos.
Tras una visita de varios días a Colombia, para conocer de primera mano la situación en el Darién, Hassan habló con El Tiempo sobre las crisis de derechos humanos en la región y el mundo, los esfuerzos necesarios de la comunidad internacional para atenderlas, la necesidad de acelera la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela, entre otros temas.
Aunque reconoce que el mundo enfrenta graves crisis de derechos, también ve con esperanza el futuro y asegura que el planeta tiene las herramientas para salir adelante.
—¿Estamos en un momento peligroso para los derechos humanos en Latinoamérica y el mundo?
—En el mundo vemos graves crisis de derechos humanos y conflictos armados prácticamente en todas las regiones. En Latinoamérica tres países ya no son democracias: Nicaragua, Venezuela y Cuba, y vemos un ascenso de gobiernos autoritarios en El Salvador, Perú y México. Tenemos serias preocupaciones sobre cómo estos gobiernos están socavando la separación de poderes y otras instituciones que son fundamentales para que haya rendición de cuentas. Si no se controla a estos líderes, esto puede acabar en desastre. La otra preocupación en la región es el crimen organizado, que ha causado sufrimiento a las comunidades; y también veo una tendencia en Latinoamérica de políticas de seguridad de mano dura, que van en contradicción con los derechos humanos.
—Según el último índice de The Economist, 39,4% de la población global vive bajo regímenes autoritarios. ¿Cómo llegamos a esto y cómo solucionarlo?
—Los líderes autoritarios fingen que están actuando por la seguridad. (Nayib) Bukele es un ejemplo, lleva dos años de estado de excepción suspendiendo el debido proceso y las garantías judiciales, encarcelando arbitrariamente a 80.000 personas, incluyendo a 3.000 menores de edad. Los líderes autoritarios y antiderechos se excusan en que actúan por la seguridad y atacan a las instituciones judiciales, a la prensa, a los críticos, con lo cual consolidan su poder y se deshacen de sus controles. No se trata de seguridad, se trata de una grave erosión de los derechos humanos. Lo que se necesita es asegurarse de proteger a las instituciones encargadas de que estos líderes rindan cuentas. Si esto no puede hacerse dentro del país, corresponde a aliados en la región y en el mundo hacer presión, porque cuando hay violaciones de derechos humanos en un país, se termina afectando a toda la región. Esperamos que las democracias hagan que esos líderes rindan cuentas para garantizar que la erosión y violaciones de los derechos nunca se normalicen. La situación en El Salvador o en Venezuela no debe normalizarse.
Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo
—Cada año Colombia registra cientos de asesinatos de líderes sociales, ¿qué tanto les preocupa esto?
—HRW está muy preocupada por el número de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en Colombia, creo que esto refleja la creciente inseguridad en todas las regiones. Los asesinatos de líderes sin que haya investigaciones ni procesos judiciales sólidos son una preocupación real; lo cual se agrava por un aumento del reclutamiento de niños, de los secuestros, de la violencia general en las zonas rurales y esto, en esencia, está llevando a que la vida sea aterradora para la población civil en zonas básicamente controladas por bandas criminales y grupos en conflicto.
—El Gobierno adelanta acercamientos de paz con diversos grupos ilegales, ¿en esos escenarios cuál es el rol del Estado frente a la protección de las comunidades?
—Hay que reconocer que este es un gobierno en el que hemos visto una disminución de los abusos por parte de la Fuerza Pública, ha habido algunos cambios, pero nos preocupa la falta de acción y de coordinación para enfrentar efectivamente el crimen organizado. Los gobiernos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos del crimen organizado y de los grupos armados y hemos visto que la situación está empeorando bajo este Gobierno y estas fallas en materia de derechos humanos en Colombia no son necesariamente por acciones del Gobierno, sino más bien por su omisión.
—En Colombia y México ha habido críticas a los presidentes por comentarios o propuestas que parecen afectar la separación de poderes, ¿qué decir sobre esto?
—¿Qué está haciendo bien Colombia en materia de protección de derechos humanos que pueda servir como ejemplo?
—Si tomamos el Tapón del Darién, por ejemplo, lo que ha hecho Colombia en términos de ofrecer protección temporal a los venezolanos es un ejemplo para el resto de la región. Lo que estamos pidiendo es que el gobierno amplíe esas protecciones. También tenemos que reconocer que, aunque la situación de seguridad en el país es crítica, hemos visto cambios, como una reducción de los asesinatos y abusos por parte de la Fuerza Pública. Cuando los gobiernos tienen la posibilidad de tomar decisiones responsables y aplicar políticas sólidas, ya sean políticas de seguridad o de migración, se obtienen buenos resultados en materia de derechos humanos.
—En Venezuela, ¿cuáles son las más graves violaciones de derechos que han registrado tras las últimas elecciones presidenciales?
—Varios países han pedido a la CPI expedir órdenes de captura a Maduro y las demás cabezas del régimen, ¿HRW apoyaría esta medida y cree que sería eficaz?
—Estas órdenes envían un mensaje a los líderes que creen que son intocables de que no pueden seguir como si nada, envían un mensaje de que cada abuso tendrá una consecuencia. Miremos el ejemplo de Vladimir Putin, él actúa como si esto no lo afectara pero el año pasado no pudo ir a Sudáfrica a la Cumbre Brics porque ese país es miembro del Estatuto de Roma y habría tenido la obligación de arrestarlo; lo mismo le pasará con el G20 en Brasil y con otra reunión en Perú, en ambos casos si Putin pone un pie allí, debe ser arrestado. Frente a Maduro, es el mismo principio. Tienes que ser capaz de mostrarle a los presidentes que creen que pueden cometer los más graves crímenes que esto tiene consecuencias.
—¿Cuál es la salida a la crisis en Venezuela? Maduro busca atornillarse en el poder y el candidato opositor tuvo que exiliarse…
—Hubo una misión de la ONU y del Carter Center como observadores de las elecciones y advirtieron serias preocupaciones sobre los resultados. Es necesario que haya una verificación independiente de los mismos. También debe haber presión de los gobiernos de la región sobre Maduro, para que acepte los resultados reales, y si bien HRW apoya la mediación, en las mediaciones que ya comenzaron se han hecho algunas propuestas preocupantes como repetir las votaciones, lo cual no es viable, como tampoco lo es una amnistía general para los involucrados. Esto requiere atención internacional y que los gobiernos que tienen alguna influencia sobre Maduro la ejerzan. Maduro ha estado en el poder durante 10 años, tiene un historial de cometer abusos generalizados y sistemáticos, y ahora es el momento de que se haga justicia.
—En su más reciente informe sobre el Tapón del Darién, HRW denuncia que los gobiernos de la región no pueden permanecer de brazos cruzados. ¿Cuál sería la principal medida para enfrentar esta crisis?
—Lo que vimos cuando estuvimos en los puertos desde donde salían las personas en Turbo y Necoclí (Antioquia) fue una situación desesperada. Se los explico con un ejemplo: Conocimos a una familia venezolana que acababa de llegar hacía unos días. Vivían en la playa. Sus hijos tenían tres, siete años y el bebé cumplió un año. No tenían acceso a dinero, refugio, ni comida. Habían estado viviendo en Colombia, donde trabajaban, pero con la esperanza de que la democracia llegaría a Venezuela, vendieron todo lo que tenían y regresaron a Caracas para votar. Cuando Maduro anunció los resultados, participaron en las protestas y luego vieron cómo la policía se llevaba a sus amigos y a sus familiares. Entonces dijeron que no tenían dinero para rehacer sus vidas y no tenían nada más que perder, salvo cruzar el Darién y esperar un futuro mejor. ¿Cómo ayudarlos? En primer lugar, los gobiernos de la región deberían ampliar el estatuto de protección temporal, en particular para los venezolanos, permitiéndoles integrarse en las sociedades. En cuanto a la situación humanitaria, el gobierno debe proporcionar coordinación para que haya al menos servicios básicos disponibles para los solicitantes de asilo y los migrantes. El Darién es uno de los pasos más peligrosos del mundo. Llevo casi 20 años trabajando en respuesta humanitaria y nunca en mi carrera había visto una situación en la que las mujeres estén tan expuestas a la violencia de género, sabiendo que el riesgo de violación es tan real, que tengan que hacer el viaje con anticonceptivos de emergencia a la mano. También debe haber una mejor coordinación entre Colombia y Panamá.
—En el informe de 2024, HRW denuncia la tibieza de los líderes mundiales ante las crisis, la indignación selectiva o la diplomacia transaccional. ¿Cómo han influido esas actitudes en la prolongación de la guerra en Gaza, que está cerca de cumplir un año?
—La guerra en Gaza continúa, la población civil sufre a diario, hemos visto ataques a hospitales, a zonas muy pobladas como campos de refugiados. La letanía de posibles crímenes de guerra está a la vista de todos. Acogimos con satisfacción la intervención de la CPI y de la Corte Internacional de Justicia y creo que cuando nos enfrentamos a crímenes internacionales de tal magnitud, debemos procurar que haya rendición de cuentas. La apertura de una investigación es un buen primer paso, pero si realmente queremos salvar las vidas de los civiles, tenemos que detener las transferencias de armas al gobierno israelí, que sabemos que está utilizando esas armas para matar a civiles y cometer crímenes de guerra.
—¿Qué alternativas le quedan al mundo para frenar el conflicto allí, cuando ambas partes han bloqueado las negociaciones de tregua?
—Incluso las guerras tienen leyes y las partes en conflicto deben priorizar la protección de los civiles en todo lo que hagan, incluida cualquier discusión que tengan en la mesa de cese del fuego.
—Usted dijo en 2023 que, en medio de la oscuridad de la guerra en Ucrania, había una luz de esperanza al ver la respuesta mundial, pero ya han pasado más de dos años, ¿qué decir ahora?
—La situación en Ucrania es tan difícil para la gente que vive allí como lo era el primer día. Los bombardeos sobre las infraestructuras civiles continúan, estamos a punto de entrar en invierno y las familias no tienen electricidad, calefacción ni agua corriente. Vemos continuas violaciones del derecho internacional por parte de ambas partes en conflicto. Lo que hemos dicho sobre Ucrania es que hubo una respuesta positiva por parte de la comunidad internacional para utilizar todas las herramientas para abordar la situación. Vimos una respuesta contundente del Consejo de Derechos Humanos, de la Asamblea General de la ONU, vimos a países de toda Europa dispuestos a conceder el estatuto de refugiados a los ucranianos. Eso es lo que el mundo es capaz de hacer. Pero, por desgracia, no hemos visto la misma respuesta cuando se trata de Gaza y de otras crisis en todo el mundo.
—Con todo el panorama del que hemos hablado, ¿ve con esperanza el futuro?
—Tengo esperanza. Ninguna de estas situaciones es inevitable. Ya sea en Colombia, en El Salvador o en Gaza, existe la capacidad de hacer frente a los errores que se están cometiendo. No se trata sólo de cómo responde un país a una serie de problemas, se trata de cómo responde la comunidad internacional a los retos mundiales. Todas las herramientas existen y están a nuestra disposición para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos a medida que surgen, lo que hace falta es voluntad política. Los gobiernos deben estar dispuestos a proteger los derechos humanos y a darles prioridad, y no a sacrificarlos por necesidades oportunistas a corto plazo.
Por Angie Ruiz Hurtado y María Isabel Ortiz Fonnegra – El Tiempo/ GDA*
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