Una jueza acepta que los procesos judiciales son lentos. Abogados señalan la filtración de la corrupción y la política
En Ecuador hay la percepción de que la administración de justicia no responde de forma efectiva ante víctimas de delitos. En eso concuerdan tres abogados, una jueza y una socióloga. Tres de ellos además consideran que el linchamiento público, ocurrido en Cayambe, el domingo, da cuenta de la falta de políticas públicas para prevenir y enfrentar el crimen.
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A Paúl Córdova, abogado y profesor de la Universidad SEK, le parece que la imagen de un hombre colgado en la plaza pública es dolorosa. “La sociedad se percibe abandonada y toma justicia por mano propia, ya que las instituciones no responden a sus expectativas”.
En Cayambe se vio una escena de la barbarie, sostiene. Evidencia que las instituciones de la administración de justicia y las de la gestión de los políticos generan desconfianza.
“Se cree que los jueces y los fiscales no cumplen efectivamente con su trabajo. Aunque, hay que tomar en cuenta que en el país operan grupos que integran redes del crimen y los jueces de Guayas, Manabí y zonas fronterizas no cuentan con protección”.
La abogada Annabell Guerrero dice que lo de Cayambe no solo es un reflejo de la impunidad y la falta de justicia sino de la ausencia de una política anticriminal. “El Gobierno nos habla de un Plan Fénix y no hemos evidenciado que exista. La gente se organiza y se oye ‘ladrón agarrado, ladrón quemado’”.
Lo que han detectado sobre la opinión ciudadana sobre la justicia
La justicia -subraya- ha sido permeada por el crimen y por los intereses políticos. Y la Judicatura no ha avanzado en la modernización. “Para citar (en un proceso judicial) se demoran seis meses o más; para entregar copias, tres o cuatro meses; los funcionarios ponen de su bolsillo para tinta y papel, no tenemos expediente electrónico”.
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En esa línea, la abogada Fanny Jara, hija de la primera jueza del país, Fanny León, remarca: “La impunidad campea. El narcotráfico abarcó varias instancias del poder público”.
Por su parte, Janeth Chauvín, jueza contra la violencia de la mujer y la familia, acepta que: “los procesos judiciales son muy lentos; no cumplen con las expectativas ciudadanas, hay trabas burocráticas, incluso en la investigación”. Pero como administradora de justicia no apoya que se quite la vida a una persona, “estamos regresando a la Ley del Talión”, anota
La jueza Chauvín pide diferenciar un linchamiento de la justicia indígena, que “es más racional que la ordinaria, que solo busca reducir al infractor de la norma a una celda. En los indígenas, con su cosmovisión, prima la idea de rehabilitación; de sanción, en un juicio de reproche público, para que el juzgado analice lo ocurrido y cambie su accionar”. Ella recuerda, un caso en Bolívar, donde a un asesino le condenaron a mantener a los hijos de la víctima.
La desconfianza ciudadana es producto del momento político y social, con jueces y fiscales que han cedido a tentáculos de la corrupción y el narcotráfico, dice Chauvín. Cree que Justicia y Asamblea deben hacer un mea culpa. “Se debe trabajar en una mesa de justicia sectorizada, por ejemplo en Quito se tendría que revisar, por zonas, cuáles son los delitos con mayor incidencia; y en todos los cantones”.
«No se debe avalar estas prácticas»
“Lo de Cayambe ocurre por los altos índices de inseguridad y la falta de atención del Estado, de la Policía, jueces y fiscales”, opina la socióloga Nua Fuentes. Ve necesario ser cuidadosos porque “las imágenes del linchamiento y otras que circulan en redes sociales, de víctimas agrediendo a delincuentes, pueden usarse para crear pánico y promover más uso de armas, apoyo o rechazo a una gestión. El linchamiento resulta del enojo frente a la indignación. No se puede avalar eso”.
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